La histeria política y la normalidad civil

Artículo de Pilar Córdoba

Desde que la Propuesta del Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi se trasladó al Congreso de los Diputados en 2004 para su tramitación, o de que desde ese mismo año se constituyese en el Parlamento catalán la ponencia que iba a redactar el futuro Estatuto de Cataluña, las histeria política -magnificada por una difusión mediática sin precedentes- se desató dentro de grupos muy influyentes de la sociedad española. Intentaban explicarnos a una ciudadanía tranquila,-ajena al cataclismo económico, financiero y de seguridad que después vendría- los grandes peligros que aquellas iniciativas parlamentarias tenían para nuestro bienestar común. Con una retórica política impregnada de tropos y metonimias, a menudo descalificativas para con los impulsores y partidarios de aquellas iniciativas, lanzaban el mensaje de una España amenazada, un golpe de Estado, un asalto a la democracia, e incluso, se llegó a tildar de terroristas a ciudadanos normales. El mensaje tuvo en cierta medida éxito porque, como la tinta del calamar, impidió vislumbrar la gran oportunidad histórica que aquellos Estatutos suponían, en cuanto que eran el encauzamiento jurídico dentro del marco constitucional vigente de las reivindicaciones nacionalistas y federalistas que tanto habían divido a la sociedad española en años precedentes. Cegados en su propia histeria focalizaron su atención en una acepción terminológica muy particular del concepto nación, y digo muy particular porque su significado interpretativo sólo puede tener eficacia jurídica según el desarrollo normativo al cual vaya vinculado. Sin embargo, atender al corpus normativo no era ni es una cualidad de políticos histéricos. Fueron incapaces de entender que la mayoría del articulado de aquellos textos tenía por fin no una ruptura de la unidad de la nación española, sino un nuevo desarrollo autonómico y un avance hacia la implementación constitucional del reconocimiento de las nacionalidades y regiones que la integran.

Entre los paladines destacados de tanta miopía política, anclada en una rancia concepción decimonónica que identifica Nación con Estado, que no ha sabido entender la soberanía nacional en la nueva era de la integración e interdependencia regional, la defensa militar y seguridad multilateral, el arbitraje internacional, la globalización económica y la socialización de internet, fue el hoy Presidente Mariano Rajoy. En uno de sus pocos artículos publicados en ABC en febrero de 2005 hacía gala de una “cierta idea de España”, y tan escasa, diría yo, por cuanto la llama realidad obstinada, donde todo lo más que se le ocurre decir es que ha sido conformada a lo largo de la historia, sin embargo no tiene ningún rubor al afirmar que su recorrido, su conformación ha terminado y concluido en el preciso momento en el que él ha llegado. Es su tiempo, el que a él le a tocado, donde lo que ha costado siglos hacerse por fin se materializa plenamente. Simplemente, el ciudadano Rajoy inagura una escatología de la nación española donde la concepción teleológica de su evolución era llegar al preciso momento en el que él aparece como redentor.

La actualidad del procés catalán con la aprobación de la Ley del Referéndum constata una vez más que la nación española no es una realidad obstinada, sino una realidad social. Hay una realidad social que empuja hacia una nueva reformulación de la idea de Estado nación y de soberanía. Esa realidad social y ciudadana hoy es muy visible en Cataluña y podría serlo en otras CCAA. La nación española es indivisible porque la sociedad civil es un conjunto indivisible del que ninguna parte puede ser despojada de sus derechos o su soberanía, de ahí que negar a una parte de esa sociedad civil española el ejercicio democrático de sus derechos o la actividad institucional autónoma normalizada, como algunos representantes del Estado, miembros del Gobierno, políticos y medios de comunicación están insinuando con exabruptos como anular la autonomía catalana en aplicación del artículo 155 de la CE o esgrimir el artículo 8 es un disparate contrario al ordenamiento jurídico. El Estado español lo conforman todas y cada una de sus Autonomías, son parte integrante del mismo, junto con sus municipios. El que atente e impida la práctica institucional normalizada de cualquier Autonomía, sencillamente atenta contra el Estado. La sociedad civil actúa siempre con normalidad, sin histerias, ni exabruptos, lo ha demostrado en situaciones verdaderamente críticas para su bienestar común. Esa misma normalidad pedimos ahora a los representantes públicos, a los que ejercen responsabilidad de gobierno, a los que generan opinión en medios de comunicación, a la magistratura, a las fuerzas de seguridad y a todos los políticos.

La histeria política de algunos siempre se combate con la normalidad civil de muchos.

Pilar Córdoba

1 Comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo no será publicada.


*