Secuelas perniciosas de nuestra Inmaculada Transición. Por, Cándido Marquesán.

Firmas de opinión

Cándido Marquesán
Cándido Marquesán, Profesor de Instituto

Se ha convertido en una mala costumbre que cuando la democracia en España sabe a decepción o engaño, como ahora, se recurre a la Inmaculada Transición, como si fuera el bálsamo de Fierabrás para solucionar todos los problemas.

Se ha impuesto como un mantra que nuestra Constitución de 1978 es el paradigma de política de consenso entre las diferentes fuerzas políticas. Un consenso sui generis. El proceso de su elaboración estuvo supervisado por determinados poderes fácticos anclados con la dictadura, que impusieron determinadas limitaciones, Veámoslo.

La redacción del artículo 2 que fundamenta la indisoluble unidad de la nación española no fue consensuada. Según el profesor Xacobe Bastida Freixido, en el transcurso de la discusión de las enmiendas de tal artículo, y cuando Solé Tura presidía la ponencia, apareció un mensajero con una nota procedente de la Moncloa señalando cómo debía estar redactado tal artículo. El texto de la nota coincide casi exactamente con el actual artículo 2° de la Constitución. El texto de la nota era “La Constitución española se fundamenta en la unidad de España como patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la indisoluble unidad de la nación española”. Como vemos casi exactamente con el actual artículo 2º de la Constitución.  Por ello, lo que parece incuestionable es que su redacción no se debió al lógico devenir de la actividad parlamentaria y sí a la imposición de fuerzas ajenas al mismo. Para conocer la prueba de esta circunstancia podemos recurrir al testimonio de un protagonista directo; el de Jordi Solé Turá, el cual ya en 1985 en su libro Nacionalidades y Nacionalismos en España, de Alianza Editorial,  en las páginas 99-102, nos lo cuenta con todo tipo de detalles. Por lo que parece, no ha interesado que este dato se conociera. Nunca un constitucionalista, ni siquiera los más prestigiosos lo han mencionado. Como tampoco la mayoría de los políticos y los intelectuales españoles. El silencio resulta sospechoso. Y lo que parece más grave, es que aquel que tiene la osadía de mencionarlo,  puede verse sometido a todo tipo de dicterios, como si estuviera poniendo en grave peligro la convivencia de la sociedad española. Todavía más, es que a la mayoría política e intelectual les resulta intolerable la existencia del hecho. Cuando sería muy fácil el admitirlo, considerando las circunstancias propias de una Transición todavía mediatizada por un pasado dictatorial y un mando militar muy poco predispuesto a admitir que alguno pudiera cuestionar la indisoluble unidad de la nación española, como si ésta fuera una realidad metafísica.

Insistiendo en la idea de esa auténtica falacia del “consenso” observamos las concesiones que hubo que hacer a determinadas instituciones, que aparecen blindadas en nuestra Carta Magna, que quedaron fuera de toda discusión y que condicionarán su desarrollo  posterior.

Una fue la Monarquía –especialmente blindada frente a eventuales reformas por el artículo 168, que para su revisión o eliminación se requiere aprobación por 2/3 de ambas Cámaras y disolución de las Cortes; las nuevas Cámaras deberán ratificar y estudiar la revisión por 2/3, y posteriormente referéndum. Es una realidad asumida por buena parte de la sociedad el plantear ya la cuestión: Monarquía o República.

Otra fue la Iglesia Católica, a la que se le reconocieron sus intereses básicos en materia educativa (artículo 27) y la renuncia al reconocimiento del carácter laico –y no simplemente aconfesional– del Estado (artículo 16.3), aunque la aconfesionalidad se incumple  ya que en dicho artículo “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las relaciones de cooperación con la Iglesia Católica (IC) y las demás confesiones”.  Un Estado aconfesional no debe hacer una cita expresa a una religión concreta, ya que esto significa privilegiarla sobre las demás e incumplir el artículo 14 “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda haber discriminación alguna ni por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión…” Pero esta situación privilegiada de la (IC), también se plasmó en los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede. Tantas concesiones hechas a la (IC), la historiografía de la Transición las explica porque una Iglesia en contra, hubiera hecho más difícil la llegada de la democracia.

Y la tercera, la explícita atribución al Ejército de la tutela de la “integridad territorial” y del propio “orden constitucional” (artículo 8), con un doble objetivo. Por una parte, sancionar el olvido de los crímenes franquistas. Por otro, convertir a la jerarquía militar en guardiana de la “indisoluble unidad de la Nación española” y en factor disuasorio frente a las reivindicaciones de autonomía de las “nacionalidades y regiones”. Tema gravísimo y que la población española desconoce.

Creo que ya es hora de sacar la Transición a escena y bajarla de ese pedestal para enseñar sus vergüenzas. No se puede construir una democracia con un campo minado de fosas comunes y de desmemoria. Tema como sabemos todavía pendiente, otra secuela perniciosa, que merecería un artículo propio. Estoy cada vez más convencido de que muchos de los males de nuestra democracia tienen su origen en las carencias de la Transición. Lo honesto sería afirmar: “Hicimos lo que pudimos, lo que nos dejaron, lo que nos atrevimos”. En cambio, no lo es: “Ejecutamos la mayor hazaña democrática de la historia de España”. No se trata de reprochar a nadie de haber sido cobarde. Se trata de reprocharle que diga que fue un héroe.

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