Sobre la revolución de lo “COMÚN”, como alternativa al neoliberalismo

por Cándido Marquesán

Cándido Marquesán
Cándido Marquesán, Profesor de instituto

“Frente al descrédito de la democracia representativa, lo común es un principio político basado en una democracia real y participativa que permite a los ciudadanos participar en la toma de decisiones.”

El pasado 7 de noviembre, Christian Laval realizó una ponencia en la Universidad de Zaragoza sobre lo común y con motivo de la presentación de “La sombra de Octubre (1917-2017)” en España. En las líneas que siguen a continuación expondré algunos aspectos fundamentales del pensamiento de Cristian Laval y Pierre Dardot, producto de la lectura de dos de sus libros, que han propiciado algunas reflexiones personales.

En Europa los franceses Cristian Laval y Pierre Dardot partiendo de Michel Foucault, en La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal, profundizan en la esencia del neoliberalismo, señalando que es mucho más que un tipo de capitalismo. Es una forma de sociedad e, incluso, una forma de existencia. Pone en juego nuestra manera de vivir y las relaciones con los otros. No sólo es una ideología y una política económica, sino también un verdadero proyecto de sociedad (en construcción) y una cierta fabricación del ser humano. “La economía es el método, el objetivo es cambiar el alma”, decía Margaret Thatcher. En el neoliberalismo, la competencia y el modelo empresarial gobiernan nuestras conductas e incluso establecen una forma de vida. No sólo los salarios de los diferentes países, sino que todos los individuos establecen relaciones “naturales” de competición entre ellos. Se trata de hundir al máximo de gente posible en un universo de competición y decirles: “¡que gane el mejor!”. O sea, somos conducidos a vivir en continua rivalidad y competitividad, intentado ir más allá siempre para alcanzar objetivos, resultados. En definitiva,  el neoliberalismo se puede definir como el conjunto de discursos, de prácticas, dispositivos que determinan un nuevo gobierno de los hombres según el principio universal de la competencia (rivalidad en el mercado). Antes que una ideología o una política económica es, de entrada y ante todo,  una racionalidad; y que, en consecuencia, tiende a estructurar y organizar, no solo la acción de los gobernantes, sino también la conducta de los propios gobernados. A través de dispositivos y técnicas de poder introduce efectos subjetivos de tipo empresarial, que induce a los individuos a identificarse como una empresa de sí, propietario de un capital humano, que es necesario administrar mediante elecciones sabias, a través de un cálculo de costes y beneficios.

Si hay un lugar impregnado de los principios neoliberales es la Unión Europea. La actual crisis europea muestra hasta qué punto los fundamentos de la construcción europea (la competencia convertida en dogma) conducen a asimetrías crecientes e irreversibles entre países más o menos competitivos. La carrera a la competitividad (capacidad de competir), a la que se lanzó Alemania a inicios del 2000, no es sino el efecto de la implementación de un principio inscrito en la Constitución Europea: la competición entre las economías europeas, combinada con una moneda única gestionada por el BCE garante de la estabilidad de los precios, constituye la base misma del edificio comunitario y el eje dominante de las políticas nacionales. Esto significa que cada país miembro es libre de usar del dumping fiscal más hostil para atraer a las multinacionales -de esto sabe mucho Juncker-, de devaluar los salarios y  reducir la protección social para generar empleo a expensas de sus vecinos; de rebajar los costes de producción a través de la deslocalización; de reducir la inversión pública y el gasto en educación, sanidad, desempleo, pensiones, para disminuir el nivel de las contribuciones obligatorias y los impuestos.

Este principio general de la competitividad supone la extensión indiscriminada de la normativa neoliberal a todos los países, a todos los sectores de la acción pública, a todos los ámbitos de la sociedad; lo que implica con la excusa de que la oferta sea más competitiva, introducir la competencia entre los asalariados europeos y del resto del mundo, con la consiguiente devaluación salarial. Un ejemplo de la Renault: mientras que la dirección del grupo elogia la competitividad de los asalariados españoles ante los trabajadores franceses, en España destaca el ejemplo de Rumania para pedirles que trabajen gratis los sábados.

Corolario de la competitividad es una carrera suicida de los planes de austeridad, que al reducir gravemente los ingresos de la mayoría de la población, son inseparables de la voluntad asumida de gestionar las economías y las sociedades como empresas empujadas a una irreversible competición mundial  La imposibilidad de incrementar la fiscalidad de las grandes empresas para evitar su deslocalización, reduce los ingresos de los Estados, por lo que para cumplir con los planes de austeridad, no tienen otra opción que recortar el gasto social. Todo sea por la competitividad. Pero esto es un camino sin retorno. A pesar de todos los sacrificios acumulados por la sociedad griega las instituciones de la UE imponen a los griegos nuevos  y brutales recortes de miles de millones de euros. ¿Habrá algún límite? En el neoliberalismo como en el totalitarismo, no lo hay. ¿A qué se debe tal empecinamiento con los planes de austeridad? Es la consecuencia del propio mecanismo de la competencia. Tal obstinación, hasta el fanatismo por parte de los gobiernos de la UE, se explica porque están atrapados en un marco normativo, tanto mundial como europeo, hecho de reglas privadas y públicas y de consensos que tienen valor de compromiso cara el futuro, construidos por ellos mismos en los últimos decenios. Incapaces de romper con este marco, se ven arrastrados en una huida hacia delante para adaptarse cada vez más a los efectos de su  política anterior. Por ello,  esta crisis no es solo una crisis de mala orientación de las políticas de austeridad, tiene que ver con los propios fundamentos de la UE. La gran decisión adoptada ha sido constitucionalizar las disposiciones restrictivas que impiden que se puedan aplicar políticas diferentes que salven a Europa de otra manera. Los dirigentes europeos se han encerrado en una prisión de la cual no pueden salir.

Pero Dardot y Laval no se limitan a realizar un análisis en profundidad del neoliberalismo, necesario por otra parte, sino que presentan una alternativa en un nuevo libro Común. Ensayo sobre la revolución en el siglo XXI. Formulan la hipótesis de que hoy se está construyendo una racionalidad alternativa, que han denominado ‘racionalidad del común’. Lo común se ha convertido en el principio efectivo de las luchas y los movimientos que, desde hace dos decenios, han resistido a la dinámica del capital y han producido discursos originales. Las reivindicaciones en torno a lo común surgieron en los movimientos altermundialistas y ecologistas. En el Reino de España, algunos concejales de Ahora Madrid prometieron sus cargos con la fórmula “Omnia sunt communia” (“todo es común”) y la palabra “común” está en el nombre de diferentes iniciativas municipalistas en Zaragoza, Barcelona, Cádiz, La Coruña… Tomaron como referencia el antiguo término de  commons (comunes), buscando oponerse a lo que era percibido como una nueva ola de enclosures (cercamientos), merced a las privatizaciones de lo público, tanto recursos (minas, tierras, energía, telefonía, ferrocarriles, agua, conocimiento, etc.) como servicios (sanidad, educación, cultura, etc. ).  Esta expresión (enclosures) remite al proceso histórico antiguo de acaparamiento para explotación privada de tierras comunales en las campiñas europeas mediante el cercamiento de los campos. Esto supuso en Inglaterra que los campesinos se quedaron sin tierras y no tuvieron otra opción que vender su trabajo para sobrevivir a la industria incipiente.

Frente al descrédito de la democracia representativa, lo común es un principio político basado en una democracia real y participativa que permite a los ciudadanos participar en la toma de decisiones. Principio que se puede aplicar a todos los ámbitos de la sociedad, incluidos los partidos o la empresa,  y que es la base de una concepción de la democracia en su sentido más puro y radical, el de una democracia que implique la coparticipación de los individuos en una misma actividad.

En los últimos 30 años de neoliberalismo se ha producido la revolución de las clases dominantes de la sociedad. Ahora es otra: la de restituir las actuales instituciones a la sociedad y transformarlas según el principio de lo común.   Revolución que no significa insurrección violenta; aunque  si tensión, enfrentamiento, ya que tocar los intereses de los clases dominantes y las formas políticas que las sustentan crea inevitablemente un conflicto, pero lo importante es que la sociedad retome el control sobre su organización política y social.  La revolución está ya iniciada. De las protestas y las manifestaciones en la calle han surgido según el principio de lo común a nivel local huertos urbanos compartidos, cooperativas de autoconsumo, que fomentan la transformación de la sociedad. Son formas de autogestión y de autoorganización social que están transformando el tejido de la sociedad, aunque son aún muy difusas y hay que articularlas en otros niveles de la sociedad. Lo común no significa ni la desaparición del Estado ni del comercio privado, pero tendrán un papel diferente. No es comunismo, ni socialismo real.

Otro aspecto de lo común es la distinción entre lo público-estatal y lo público-común. Lo público-estatal reposa sobre dos aspectos contradictorios: por un lado, pretende garantizar la universalidad del acceso a los servicios públicos; por otro, reserva a la administración estatal el monopolio de la gestión de esos servicios reduciendo a los usuarios a consumidores, excluidos de participar en la gestión. Lo común debe poner fin a esa división entre “funcionarios” y “usuarios”.  O sea, lo común debe garantizar la universalidad del acceso a los servicios mediante la participación directa de los usuarios en su gestión.  Uno de sus objetivos es convertir los servicios públicos en instituciones de lo común, para impedir su privatización por el político de turno, como ha ocurrido en España, que ha supuesto el expolio de un patrimonio de todos los españoles para beneficio de empresas privadas, con la consiguiente secuela de corrupción, nepotismo y clientelismo. ¿Con qué derecho un gobierno vende un patrimonio que pertenece a todos los españoles? Lo que es de todos tiene que ser decidido por todos. Tales opciones no son utópicas. Hay ejemplos.  La guerra por el agua en Cochabamba en Bolivia en el año 2000, donde los pobres y los indígenas se opusieron a la privatización del agua. Se levantaron contra el presidente Banzer que defendía los intereses de la Bechtel Corporation-la empresa líder mundial en ingeniería que estaba detrás del conglomerado de Aguas de Tunari– y que acababa de ganar en subasta pública la provisión del servicio de agua en Bolivia.

En Italia tras el  triunfo del referéndum contra la privatización del agua en junio de 2011, el alcalde de Nápoles Luigi de Magistris y su adjunto “delegado para los bienes comunes y la democracia participativa”, Alberto Lucarelli, llevaron a cabo la remunicipalización de la gestión del agua, un ejemplo paradigmático de creación de comunes locales o, más exactamente, de servicios públicos locales gobernados  como comunes. En Paris, la remunicipalización del agua ha supuesto una disminución de un 8% en el precio de las tarifas. Y lo mismo ha ocurrido en el Reino Unido, Alemania o Canadá, en ámbitos como los servicios sanitarios, la electricidad o la recogida de basura. Esto explica también que una ciudad como Munich se haya planteado El Ayuntamiento de León en enero de 2013  aprobó en pleno con los votos del PP y del PSOE el cambio de modelo de gestión de contrato privado a titularidad municipal del servicio de Limpieza Viaria y de Recogida de Basuras, así como la subrogación de 224 plazas de trabajo, que formarán parte del Consistorio, con un ahorro de ocho millones.

Los ayuntamientos “del cambio”, son conscientes de su propia debilidad ante los obstáculos que hay que confrontar a la hora de llevar las remunicipalizaciones. Se han de  enfrentar a los poderosos lobbys que ahora gestionan estos servicios, sometidos a unos blindajes muy difíciles de superar. Y otra dificultad mayor radica en si existe una base social suficiente para emprender las remunicipalizaciones. En algunas ocasiones con movimientos sociales con trabajo previo que exigen la reversión del servicio, como el caso del agua en Barcelona, es evidente que será más fácil. En otros, se trataría de generar un movimiento ciudadano gracias al propio proceso de (re)municipalización. Si hay conflicto, habrá debate público y quizás movilización. Las (re)muncipalizaciones son una buena oportunidad para llevar a los medios la discusión sobre los servicios públicos y su vinculación con los derechos sociales.

Como conclusión. El éxito de Thatcher y Reagan en los ochenta consistió en hacer dominantes posiciones -neoliberales- que hasta entonces habían sido minoritarias. Tras más de una década de gobiernos de este tipo, el entramado institucional -y los grupos de poder que los sustentan- así como el nuevo sentido común que se impuso se convirtió en un legado muy difícil de confrontar. Pero quizás no se trata de volver atrás a los valores postfordistas que dieron lugar al keynesianismo sino de posicionar una nueva lógica política. En el primer caso, Thatcher y Reagan usaron el shock de la crisis de los 70 para operar en ese escenario revuelto, ahora se trataría de aprovechar la del 2008 para generar un nuevo sentido común progresista que vuelva a poner en valor lo público pero democratizándolo radicalmente.

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