Einstein y Cataluña (II)

por José Luis Alonso Gajón

«La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa». (Albert Einstein)

José Luis Alonso Gajón
José Luis Alonso, Ingeniero agrónomo, fue presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) del 2003 al 2008

En el artículo anterior plantábamos 13 propuestas para enfocar de una manera diferente las relaciones presentes y futuras entre Cataluña y el resto del Estado. Resumidas eran:

1- Acostumbrémonos a no hablar ni pensar en “ellos” y “nosotros”.

2- No designemos como un solo colectivo al que está formado por partes, diferentes.

3- No nos creamos que “los otros” son el “enemigo externo”.

4- No utilicemos la historia como justificación de una propuesta y admitamos que, la historia, es la primera víctima de ambos nacionalismos.

5- No judicialicemos los problemas socioeconómicos e identitarios que requieren una solución política y negociada.

6 – No confundamos legalidad con legitimidad.

7 – La democracia no es el “rodillo mayoritario” sino la defensa de los derechos de “toda” la ciudadanía.

8 – La salida esta en un programa que nos acerque a una “sociedad democrática avanzada” y “a un orden económico y social justo” basado en desarrollar en la práctica las Grandes Declaraciones de las Naciones Unidas y de nuestra Constitución.

9 – La solución es, siempre, más Democracia, más Política y más Participación.

10- Prioricemos los derechos de las personas y, especialmente los de las minorías.

11 Recuperemos entre todas el “seny” catalán, “la amabilidad, la belleza y la verdad.

12 – Asumamos que no hay soluciones sencillas ni rápidas para problemas complejos.

El único caso, que conocemos, de aplicación en la práctica de estas propuestas para resolver un problema similar al nuestro es el Dictamen del Tribunal Supremo de Canadá sobre la posible independencia de Quebec de 1996[i]. A continuación, las citas literales de la traducción del Dictamen están en cursiva. Me he tomado la licencia de sustituir Quebec por Cataluña, Canadá por España y Confederación por Estado autonómico escribiéndolos en letra normal para destacar la intervención sobre el original. Los números entre paréntesis remiten a las propuestas que acabamos de leer.

La democracia, significa algo más que la simple regla de la mayoría. La jurisprudencia constitucional muestra que la democracia existe en el contexto más amplio de otros valores constitucionales. (7)

Desde el Estado autonómico, los habitantes de las provincias y territorios han creado unas relaciones estrechas de interdependencia (económica, social, política y cultural) basadas en valores comunes que comprenden el autonomismo, la democracia, el constitucionalismo y la primacía del derecho, así como el respeto por las minorías. Una decisión democrática de los catalanes en favor de la secesión comprometería estas relaciones. (10)

La Constitución asegura el orden y la estabilidad y, consecuentemente, la secesión de una provincia no puede llevarse a cabo de forma unilateral “en virtud de la Constitución”, es decir, sin negociaciones basadas en estos principios con el resto de participantes en el Estado autonómico, en el marco constitucional existente. (6 y 9)

Un voto que suponga la existencia de una mayoría clara en Cataluña en favor de la secesión, en respuesta a una pregunta clara, conferiría al proyecto de secesión una legitimidad democrática que el resto de participantes el Estado autonómico tendrían la obligación de reconocer. (6)

Cataluña no podría, a pesar de un resultado refrendario claro, invocar un derecho a la autodeterminación para imponer a las otras partes del Estado autonómico, las condiciones de un proyecto de secesión. El voto democrático, fuera cual fuera la amplitud de la mayoría, no tendría por sí mismo ningún efecto jurídico y no podría desplazar los principios del federalismo y de la primacía del derecho, los derechos de la persona y de las minorías, así como tampoco el funcionamiento de la democracia en las otras provincias o en el conjunto de España. (6, 7 y 10)

Los derechos democráticos establecidos en la Constitución no pueden disociarse de las obligaciones constitucionales. La proposición inversa tampoco es aceptable: el orden constitucional español existente no podría permanecer indiferente ante la expresión clara, por parte de una clara mayoría de catalanes, de su voluntad de no seguir formando parte de España. El resto de provincias y el Gobierno Central no tendrían ninguna razón válida para negar al Gobierno de Cataluña el derecho a perseguir la consecución de la secesión, si una mayoría clara de la población de Cataluña optara por ello, durante tanto tiempo y de forma que, en dicha persecución, Cataluña respetara los derechos de otros.

Las negociaciones que seguirían a un voto de este tipo se referirían al acto potencial de secesión y a sus eventuales condiciones si ésta debiera efectivamente llevarse a cabo. No habría ninguna conclusión predeterminada en derecho sobre ningún aspecto del tema. Las negociaciones deberían (…) de hecho, de los derechos de todos los catalanes dentro y fuera de Cataluña, y en particular, de los derechos de las minorías. (8, 9 y 10)

El proceso de negociación exigiría la conciliación de diversos derechos y obligaciones por vía de la negociación entre dos mayorías legítimas, la de la población de Cataluña por una parte, y por otra, la del conjunto de España. Una mayoría política, a uno u otro nivel, que no actuara de acuerdo con los principios informadores de la Constitución, pondría en peligro la legitimidad del ejercicio de estos derechos y, finalmente, la aceptación del resultado por parte de la comunidad internacional. (8)

Las obligaciones establecidas por el Tribunal son obligaciones imperativas en virtud de la Constitución. Sin embargo, será tarea de los actores políticos determinar en qué consiste “una mayoría clara en respuesta a una pregunta clara”, en las circunstancias en las que un futuro referéndum podría llevarse a cabo. Asimismo, si se demostrara un apoyo mayoritario en favor de la secesión de Cataluña, incumbiría a los actores políticos determinar el contenido de las negociaciones y el proceso que debería seguirse. La conciliación de los diferentes intereses constitucionales legítimos pertenece más al terreno político que al terreno judicial, precisamente porque tal conciliación sólo puede alcanzarse por medio del juego de concesiones recíprocas que caracteriza a las negociaciones políticas. En la medida en que las cuestiones abordadas en el curso de las negociaciones serían políticas, los tribunales, conscientes del papel que desempeñan en el sistema constitucional, no tendrían ningún papel de supervisión que desempeñar. (5)

Quebec no constituye un pueblo colonizado u oprimido y tampoco puede pretenderse que los quebequeses hayan visto rechazado un acceso efectivo al gobierno para asegurar su desarrollo político, económico, cultural y social. En tales circunstancias, la Asamblea Autonómica (…) el Poder legislativo provincial, o el Gobierno de Cataluña no poseen, en virtud del Derecho internacional, el derecho a proceder unilateralmente a la secesión de Cataluña del España.

Aunque no exista un derecho de secesión unilateral en virtud de la Constitución o del Derecho internacional, ello no descarta la posibilidad de una declaración inconstitucional de secesión, conducente a una secesión de facto. El éxito final de una secesión de este tipo dependería de su reconocimiento por parte de la comunidad internacional, quien, para aceptar o no tal reconocimiento, tomaría, probablemente, en consideración la legalidad y legitimidad de la secesión teniendo en cuenta, entre otros factores, las conductas de Cataluña y España.

Aunque el mencionado reconocimiento fuese aceptado, éste no proveería justificación retroactiva alguna al acto de secesión, en virtud de la Constitución o del Derecho internacional.

Muchos especialistas piensan que las diferencias entre la Constitución Española y “el sistema global de reglamentos y principios que gobiernan la autoridad del ejercicio constitucional” que incluye algunos no escritos imposibilitan la aplicación de estos principios a nuestro caso. No parece ser esta la opinión de nuestro nada progresista Tribunal Constitucional que en su sentencia 42/2014, aprobada por unanimidad, citó y se alineó con el Supremo canadiense para rechazar que un referéndum unilateral de autodeterminación. pudiera ajustarse a la Constitución o al Derecho internacional. Y aclaraba que el derecho a decidir no implica ni la capacidad de autodeterminación unilateral ni tampoco una atribución de soberanía, sino una legítima aspiración política que debe encauzarse (por ambas partes, añado yo) dentro de “los principios de legitimidad democrática, pluralismo y legalidad”.

Por desgracia nuestro Constitucional no dio el paso que sí dio el canadiense: las obligaciones constitucionales no pueden disociarse de los derechos democráticos establecidos en la Constitución y por tanto si llegara a existir “una mayoría clara en respuesta a una pregunta clara“, que demostrara un apoyo mayoritario en favor de la secesión de Cataluña, incumbiría a los partidos políticos y Gobiernos respectivos negociar para conciliar los diferentes intereses constitucionales legítimos no solo de las instituciones sino, sobre todo, de las personas residentes dentro y fuera de Cataluña ya que estos deben ser salavguardados todo el Estado (Central, Autonomias y Municipios).

Tal vez el lector piense que es una tarea imposible ya que “Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio” como decía nuestro guía Einstein. Pero también nos dejó dicho que “Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad”.

Pero, a juicio del que escribe, la situación actual de miedo y desencanto en amplísimas capas de la población hace necesario recrear esa voluntad y por ello, simultáneamente al abordaje del problema territorial de las Españas debemos iniciar  un proyecto ilusionante de desarrollo de una democracia social avanzada que haga que los grandes principios de nuestra Constitución dejen de ser meras frases.

¡Intentémoslo! Y, para finalizar, recordemos de nuevo a Einstein: “Sólo una vida vivida para los demás es una vida que vale la pena.”

[i] El texto íntegro de la de la traducción castellana del dictamen está publicado en el Documento INAP número 18, “Opiniones sobre la secesión de Quebec”, de diciembre de 1998, o bien, puede ser consultado en la sede de la Fundació Carles Pi i Sunyer, d’Estudis Autonòmics i Locals

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