Los medios están desconectados de los grandes problemas de la gente

por Cándido Marquesán

Una información diseñada como distracción o diversión planeada
Cándido Marquesán
Cándido Marquesán, Profesor de instituto

Cada vez estoy más convencido de que la política y los medios están desconectados de los grandes problemas de la gente. No es descubrir nada nuevo el señalar que ambos diseñan la agenda política, o, como se dice ahora, el discurso político. En las últimas fechas no se ha hablado de otra cosa que de tesis, masters. Que no digo que no tengan su importancia. La tienen, porque los políticos deberían ser un referente de ejemplaridad para el resto de la ciudanía. ¡Vaya ejemplo! Otro tema ha sido la exhumación de Franco. También importante, especialmente porque su permanencia en el Valle de los Caídos es una asignatura pendiente de nuestra democracia. O la intervención de Aznar el incorruptible en el Congreso.  Ah, por supuesto, con las correspondientes dosis de La Manada o del traspaso de Ronaldo a la Juventus.

Como señala Jhon Berger recientemente fallecido en un precioso escrito Como resistir a las fuerzas del olvido.

“En el orden global totalitario del capitalismo financiero especulativo en el que vivimos, los medios no dejan de bombardearnos con información, pero esta información es casi siempre una diversión planeada, que nos distrae la atención de lo que es cierto, esencial y urgente. Mucha de esa información tiene que ver con lo que alguna vez llamamos política, pero ahora la política fue subsumida por la dictadura global del capitalismo especulativo, con sus comerciantes y grupos bancarios de presión. Los políticos, tanto de derecha como de izquierda, continúan en sus debates, en sus votaciones, en la aprobación de resoluciones, como si no fuera así. El resultado es que su discurso no se refiere a nada. Es inconsecuente. Las palabras y los términos que utilizan y repiten –como terrorismo, democracia, flexibilidad– se vaciaron de cualquier significado. A lo ancho del mundo sus públicos siguen sus cabezas parlantes cual si atisbaran un interminable ejercicio escolar o una clase donde aprendieran retórica. Pura mierda.

Otro capítulo de la información con la que nos bombardean se concentra en lo espectacular, en los eventos violentos y chocantes dondequiera que ocurran por el mundo. Asaltos, terremotos, embarcaciones capturadas, insurrecciones, masacres. -Es añadido mío, también lo morboso, lo escabroso, vinculado con el tema sexual, violaciones, asesinatos, tal como estamos comprobando ahora mismo- Una vez mostrados, cualquier espectáculo es reemplazado por otro. Casi no existen explicaciones pacientes ni seguimientos. Nos llegan como impactos, no como historias. Son el recordatorio de la impredictibilidad de lo que puede ocurrir. Demuestran los factores de riesgo en la vida.

Añadamos a esto la práctica lingüística utilizada por los medios en su representación y descripción del mundo. Es muy cercana a la jerga y lógica de los expertos en administración y manejo. Cuantifica todo y casi no hace referencia a la sustancia o a la cualidad. Se ocupa de los porcentajes, de los virajes en las encuestas de opinión, de las cifras del desempleo, las tasas de crecimiento, las crecientes deudas, las estimaciones de dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Es una voz que se siente a gusto con los dígitos pero nada tiene que ver con los cuerpos vivos, o con los que sufren. Y no habla ni de remordimientos ni de esperanzas. Entonces, lo que se dice públicamente y el modo en que se dice promueven una especie de amnesia cívica e histórica. La experiencia nos es arrebatada. Los horizontes del pasado y el futuro se borronean. Estamos siendo condicionados a vivir en un interminable e incierto presente, reducidos a ser ciudadanos en el Estado del Olvido”.

Dice bien Jhon Berger, medios y política nos distraen con determinados temas, mientras ocultan otros que afectan gravemente a amplios sectores de la sociedad. Y ese olvido no es casual. Tanta tesis y masters; y qué poco se ha hablado de los desahucios, la pobreza energética. Esta semana pasada, en concreto, el miércoles, día 18, en el Congreso de los Diputados en el Orden del día se tomó en consideración la siguiente Proposición no de Ley DE EMERGENCIA HABITACIONAL EN FAMILIAS VULNERABLES EN EL ÁMBITO HABITACIONAL Y DE LA POBREZA ENERGÉTICA. No quiero mencionar quién la presentó y la defendió. Podemos imaginarlo. Salió aprobada con votos emitidos, 340 más 6 votos telemáticos, 346; a favor, 172 más 5 votos telemáticos, 177; en contra, 163; abstenciones, 5 más 1 voto telemático, 6. No desgloso el reparto de votos, ya que también lo podemos imaginar. Lo que si voy hacer es reflejar lo fundamental de la Proposición o de ley. Y lo hago, porque los grandes medios la han considerado irrelevante.  Y ustedes mismos podrán comprobar su trascendencia.

La diputada que defiende la PNL tras saludar a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, a la Alianza contra la Pobreza Energética y a los sindicatos de inquilinas, les reconoce que como tantas y tantas veces a lo largo de los últimos diez años, hoy de nuevo el protagonismo es suyo. Indica que hoy debatimos en esta toma en consideración una proposición de ley que no ha sido redactada por ningún grupo parlamentario, tampoco por ningún despacho de abogados contratado por esos lobbies financieros e inmobiliarios, que son los que, salvo algunas excepciones, parece que hayan dictado la política de vivienda de este país durante cuarenta años.  Es una proposición de ley trabajada por la gente que lleva casi diez años poniendo literalmente su cuerpo para defender a sus vecinas, a sus familias, a gente desconocida de un entramado económico y legislativo que sobreprotege a los más fuertes a la vez que pisotea los derechos más básicos. Tenemos además la oportunidad de reparar la injusticia cometida en 2013, cuando, gracias a más de 1,5 millones de firmas, llegaron a este Congreso las propuestas que ya entonces planteaba la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para poder dar una respuesta efectiva a la emergencia habitacional, que estaba arrasando las vidas de miles de familias en todo el Estado. Entonces, hace ya cinco años, después de haber intentado evitar el debate hasta el último minuto, la mayoría absoluta del Partido Popular optó por tergiversar completamente el contenido de la propuesta y acabó expulsando de la tribuna a algunas de las personas promotoras de la iniciativa, entre las que, por cierto, se encontraba la actual alcaldesa de Barcelona.

Tenemos la posibilidad de empezar a enmendar ese error, y también el error del pasado mes de marzo, cuando el Gobierno vetó la tramitación de esta proposición de ley, que en gran medida recoge las propuestas de aquella iniciativa legislativa popular que el PP tumbó en 2013. Y aunque hoy, si se aprueba la toma en consideración de esta proposición de ley, podemos empezar a enmendar todos esos errores, lo que lamentablemente no podemos hacer es suspender los efectos de estos diez años de retraso que llevamos desde que, después del estallido de la burbuja inmobiliaria, centenares de miles de familias fueran desahuciadas y además se quedaran con una deuda impagable. Señorías, por culpa de ese retraso se han producido más de setecientos mil desahucios en este país desde el año 2009; eso son millones de personas, millones de errores o, mejor dicho, millones de injusticias cometidas que esta Cámara ya no va a poder enmendar…

Y es que la crisis de la vivienda hoy no se ha acabado, simplemente hoy tiene formas nuevas, nombres nuevos, actores nuevos. Hemos pasado de la burbuja hipotecaria a la burbuja del alquiler, pero el resultado sigue siendo el mismo: gente sin casa; gente que no puede pagar los precios del mercado y que, sin parque público, no tiene alternativa; gente que dedica la mayor parte de su sueldo a pagar su vivienda; gente que, viendo que el alquiler no es una opción estable, se hipoteca, muy a su pesar, aun sabiendo que si sufre un desahucio va a tener que seguir pagando le deuda. En 2015, las ejecuciones hipotecarias y los desahucios tenían detrás a los bancos. Hoy, después de la reforma de la LAU de 2013, la mayoría de los desahucios son de alquiler, y son los fondos de inversión y las Socimi los nuevos grandes actores que ganan millones de euros especulando con un bien de primera necesidad. Las consecuencias para una gran mayoría son las mismas, la diferencia es que han pasado varios años desde que empezó todo sin que esta Cámara haya hecho nada realmente significativo para evitarlo. Para hacer efectivo el derecho a la vivienda hay que querer, por una vez, escuchar a la calle, hay que escuchar a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, hay que escuchar a la Alianza contra la Pobreza Energética, hay que escuchar a los sindicatos de inquilinas. Todos ellos hoy nos proponen aquí cinco cosas esenciales, señorías, porque el resto, por supuesto, es debatible en sede parlamentaria, y es que, evidentemente, la tramitación de esta norma deberá ser totalmente consecuente con el respeto a las competencias autonómicas, porque esa preocupación, señorías del PNV, señorías del PDeCAT y de Esquerra, es también nuestra. Sin embargo, hay cinco cuestiones, solo cinco, que son imprescindibles.

Proponemos la dación en pago retroactiva, una modificación legal que lo único que pretende es que la gente que no puede pagar su vivienda no se quede sin casa y, además, arrastre una deuda para toda la vida. Es necesario un mecanismo que permita que las personas que han avalado con su vivienda la vivienda de un tercero no se queden también en la calle; en definitiva, un mecanismo que ponga fin a una injusticia que no para de perpetuarse.

Proponemos también una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que dé seguridad de las personas arrendatarias, que facilite los contratos largos, que impida los brutales incrementos de precios que está sufriendo la población y que limite los terribles efectos que está teniendo la turistificación.

Proponemos también que ningún desahucio de vivienda habitual pueda producirse sin un realojo garantizado, que los grandes propietarios tengan la obligación de ofrecer un alquiler social, que existan soluciones habitacionales claras, que se ayude a los ayuntamientos a prestar esos servicios. Y ustedes, algunos o algunas, me van a decir: No podemos hacerlo. Y yo les diré: Sí se puede.

Proponemos también incrementar el parque público de vivienda social para parecernos, aunque sea un poquito, a los países de nuestro entorno europeo, que las familias no tengan que destinar más del 30 % de sus ingresos para pagar la vivienda.

Finalmente, proponemos que se garanticen los suministros de luz, agua y gas, porque una vivienda no son solo cuatro paredes sin techo y porque no puede volver a suceder que personas mayores fallezcan por frío o a causa de los accidentes provocados por la pobreza energética, como sucede cada invierno.

Hoy toca pasar la prueba del algodón para conocer cuál es el compromiso con la garantía del derecho a la vivienda en esta Cámara. Hace menos de una semana, Pedro Sánchez dijo en esta misma Cámara que su Gobierno estaba dispuesto a promover una ley que garantizase el derecho a una vivienda digna. Pues bien, esta es la ley de vivienda que está reclamando la ciudadanía. Estas son las medidas. Es el momento de demostrar que las buenas palabras se concretan, no solo diciendo sí a la toma en consideración, sino comprometiéndose con el contenido de la proposición de ley. Está en juego la credibilidad de su Gobierno, pero también está en juego la credibilidad de esta Cámara. Está en juego decepcionar o dar esperanza a todas las personas que llevan diez años sufriendo, pero que también llevan diez años luchando. Pero esto no acaba hoy, porque hoy solo se vota la toma en consideración… Fin de la intervención.

Ni que decir tiene que a esta Proposición no de Ley los grandes medios y gran parte de la política la calificarán como populista, bolivariana y radical. Y lo más grave que un porcentaje muy importante de la sociedad asumirá tales calificativos. Nada nuevo bajo el sol.

Cándido Marquesán

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