¿De los 30 millones del posible pago por las jubilaciones forzosas de los médicos habrá algún responsable?

por Cándido Marquesán

Jubilaciones forzosas de los médicos
Cándido Marquesán
Cándido Marquesán, Profesor de instituto

El Servicio Aragonés de Salud estima que deberá pagar 30 millones de euros a los médicos por sus jubilaciones forzosas. Dos sentencias del Tribunal Supremo (TS) las declara nulas y hay 161 recursos pendientes por resolver en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón TSJA. El Tribunal Supremo (TS) dictó las dos sentencias el 9 de julio de 2018, hechas públicas el día 18, en la que ha dado la razón a los Sindicatos Médicos de Aragón, CESMAragón y FASAMET, en relación con la aplicación de la jubilación forzosa a los médicos ordenada por el Gobierno de Aragón. El TS estima así los recursos de casación interpuestos por los afectados tras varias sentencias desestimatorias del TSJA.

Recordemos que esta medida de jubilaciones forzosas de médicos fue adoptada por el empecinamiento del gobierno de la Sra. Rudi, con el beneplácito del resto de sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad (CSIF, CC.OO. y UGT). Desde CEMSATSE Convergencia Estatal de Médicos y de Enfermería ya se avisó de lo ilegal de esa actuación. Así lo trasladó también a los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón, sin que ningún grupo político fuera tampoco receptivo a sus ponderadas peticiones. La presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza, Concha Ferrer pidió a los equipos jurídicos de las instituciones que valorasen todas las opciones antes de tomar una decisión para evitar “reveses judiciales con estos costes”. “Antes de tomar cualquier decisión de este tipo deberían poner sobre la mesa los pros y los contras”. Fueron en vano tales advertencias.

Ahora, además del perjuicio causado a los ciudadanos y a los profesionales afectados, el Gobierno de Aragón tendrá que compensar económicamente a los recurrentes (¡200 solo en los sindicatos médicos!) con las retribuciones dejadas de percibir, más los intereses legales, desde la declaración de jubilación forzosa hasta cumplir la edad de 70 años. Repito.  El Servicio Aragonés de Salud estima que tendrán que pagarse 30 millones.

El perjuicio a los ciudadanos es claro y manifiesto, ya que muchos de los obligados a jubilarse no fueron sustituidos, lo que supuso una peor asistencia sanitaria. Como señala El Periódico de Aragón  de 28 de septiembre de 2018,  de hecho, una de las consecuencias fue la pérdida de profesionales y la carencia de médicos en gran parte del territorio. El objetivo del PP fue ahorrar y racionalizar la estructura de las plantillas. Los sindicatos pidieron reponer las plazas que quedaron por las jubilaciones forzosas y recurrir a la bolsa para recurrir puestos. La situación no se dio y Aragón se ha convertido en una de las comunidades españolas con más carencia de médicos, especialmente en el medio rural. El actual Gobierno autorizó en el 2016 a los profesionales de seis especialidades que pudieran trabajar hasta los 67 años, algo que, un año después, a finales del 2017, prolongó a todas las demás áreas.

Y del daño a los profesionales sanitarios puede servir de muestra el testimonio siguiente, que aparece en El Heraldo de 20-7-2018. Soledad Vicente recuerda como si fuera ayer el 29 de julio de 2013. Entonces, hace ahora ya cinco años, su director médico le llamó al despacho para comunicarle que dos días después, el mismo día que cumplía 65 años, tenía que colgar su bata y dejar de trabajar en el Salud…”Después de 39 años de trabajo, de un día para otro me echaron”, recuerda Soledad, que presentó un recurso primero ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y después ante el Supremo. Ahora, el Alto Tribunal ha reconocido que tenía derecho a seguir trabajando y obliga a la DGA a resarcirle económicamente.

La doctora Vicente era jefa de servicio de Dermatología del hospital Nuestra Señora de Gracia (Provincial) de Zaragoza. Su retiro forzoso le impidió incluso despedirse de sus pacientes, cuyas citas fueron distribuidas entre compañeros de diferentes centros sanitarios. “Dejamos literalmente a los pacientes colgados”, censura la profesional.

Su historia es todavía más rocambolesca, porque meses antes de su retiro forzoso se le había reconocido por escrito su trabajo y su trayectoria laboral. “Seis meses después de decirme que hacía un buen trabajo y que era maravillosa te echan”, lamenta la profesional, que censura que ni siquiera pudiera planificar su marcha con algo de tiempo y poder formar a otros médicos más jóvenes.

Asegura que su lucha durante estos años no ha buscado una compensación económica, sino un resarcimiento moral después de años de dedicación y trabajo en el Servicio Aragonés de Salud. “Es que me sentí humillada después de tantos años”, afirma Soledad.

En su casa, la jubilación forzosa llegó el mismo año y de la misma manera a su marido, Ernesto García, jefe del servicio de Medicina Física y Rehabilitación del hospital Miguel Servet de Zaragoza. “Estando de baja tuve que pedir el alta para que me jubilaran. En un solo día jubilaron a nueve personas de mi mismo servicio. Fue algo increíble”, denuncia García, que espera la resolución de su recurso.

Todos los contribuyentes vamos a soportar la errónea, desacertada e ilegal política de jubilaciones forzosas del SALUD y del Gobierno de Aragón.  ¿De esta decisión tan onerosa para la DGA y en definitiva para todos aragoneses habrá algún responsable? Obviamente, la máxima responsable es, parece lo lógico, aunque en política no cabe lógica alguna, la presidenta de la DGA, Luisa Fernanda Rudi; y el que entonces estaba al frente de la Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván. Por supuesto hay otros responsables, como determinados funcionarios, asesores jurídicos de postín, que avalaron o permitieron tal medida. ¿Ninguno de ellos fue capaz de advertir que tal medida podría estar en contra de la legalidad vigente, como acaba de determinar el Tribunal Supremo?  Si no lo advirtieron fueron unos incompetentes. Y si lo advirtieron, y callaron. Ustedes mismos. Me parece pertinente lo que nos dice Víctor Lapuente, la politización de las Administraciones Públicas extiende entre los funcionarios públicos una clara conciencia de cuáles son las reglas de juego: «Si una joven promesa, que acaba de entrar en una administración, tiene ambiciones profesionales, se dará cuenta de que dedicar el 100% de su esfuerzo a hacer un trabajo impecablemente profesional quizás no sea la mejor manera de llegar a lo más alto». Si por el contrario te opones o discrepas de las decisiones de los políticos, corres el riesgo de ser marginado. Conclusión a cumplir las ordenes del político de turno.

Ahora, tras el varapalo judicial, los populares han decidido no reaccionar oficialmente y solo son algunas fuentes del partido las que aseguran que respetan y respetarán las decisiones judiciales. Otras fuentes del anterior equipo de Gobierno señalan que posiblemente el Tribunal Supremo se hubiera pronunciado de otra manera si el actual Departamento de Sanidad hubiera recurrido las dos sentencias de 2015 del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Estas declararon nulo el plan de recursos humanos del PP, que obligaba a los facultativos a jubilarse a los 65 años. ¡Qué desfachatez!

Cabe esperar que algún responsable del antiguo gobierno de la DGA, presidido por Luisa Fernanda Rudi, pida disculpas por este daño a todos los aragoneses, y también a los profesionales sanitarios. Mucho me temo que tal disculpa no se produzca.  La derecha española no es muy propensa a pedir perdón. Y no pide perdón, porque está convencida que nunca se equivoca. Mas, en una democracia madura que los representantes políticos reconozcan posibles errores en su forma de pensar y de actuar es algo normal.

Cándido Marquesán 

 

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