Desmontando algunos mantras anti inmigración

Desmontando algunos mantras anti inmigración
Cándido Marquesán
Cándido Marquesán, Profesor de instituto

He escrito artículos distintos sobre la expansión de los sentimientos xenófobos y racistas hacia los llegados de fuera. Es una prueba de mi preocupación sobre el tema. Entre ellos: Génesis del discurso racista; Hablar francamente; La pacífica y civilizada Europa; Por razones humanitarias, No; Los inmigrantes no cuentan, se cuentan… Estos son los más recientes. Además de consultables en la red.

No quiero extenderme ni argumentar sobre la catadura moral de todos aquellos que manifiestan sin recato alguno, incluso alardean, su xenofobia. Desearía pensar que se trata de una minoría radical a la que le sobra tiempo y odio. Y les falta un conocimiento de nuestra historia. No obstante, a esa minoría para que reflexione, aunque solo sea un poco, tampoco demasiado, le dedicó respetuosamente estas palabras: “Por cómo percibimos y acogemos a los otros, a los diferentes, se puede medir nuestro grado de barbarie o de civilización”.

Ahora quiero aportar algunos datos muy interesantes y poco conocidos, o ignorados  inconsciente y perversamente  sobre la inmigración.

La Seguridad Social ganó una media de 154.948 cotizantes extranjeros en 2018, un 8,4% en relación a 2017, hasta alcanzar 1.992.849 ocupados, su nivel más alto desde marzo de 2008, informó el 22 de enero de 2019 el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Es el quinto año consecutivo en el que aumenta la afiliación media de extranjeros. En 2017, los afiliados extranjeros subieron en 126.043 cotizantes; en 2016,  84.020 afiliados y en 2015, 75.199. Del total de extranjeros en alta en la S.S. al finalizar el año pasado, 1.662.671 cotizaban al Régimen General, 326.376 al de Autónomos, 3.735 al del Mar y 68 al del Carbón. Si el total de afiliados a la S.S. a fines de 2018 era de 19.024.165, los extranjeros suponen algo más del 10%. No hará falta señalar que ese 10% contribuyen con sus cotizaciones al pago de las pensiones públicas, incluidas las de los patriotas y de los votantes de VOX.

Una crítica habitual al aumento de inmigrantes en los países de la UE consiste en afirmar que el Estado de bienestar europeo no puede afrontar la carga que suponen los recién llegados. Se da por hecho que los extranjeros no podrán valerse por sí mismos y tendrán que recurrir a las ayudas sociales existentes. Un estudio de La Caixa de 2011 –cuando el porcentaje de habitantes de España nacidos en el extranjero ya había superado el 10%– reveló que los inmigrantes aportan más de lo que reciben. “Los argumentos de sobreutilización y abuso del sistema de protección social por parte de la población están injustificados. Los inmigrantes reciben menos del Estado de lo que aportan a la Hacienda pública”, sentencian los autores del estudio, elaborado por Francisco Javier Moreno, del Instituto de Políticas Públicas del CSIC, y por María Bruquetas, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Amsterdam. Esa conclusión parece haberse mantenido incluso en los peores momentos de la crisis. Los autores subrayan que los extranjeros inyectan a las cuentas públicas “dos o tres veces más de lo que cuestan”. Hay razones. La edad media de los inmigrantes es muy inferior a la de la población local. El gasto que suponen en pensiones –la mayor partida de gasto de los presupuestos del Estado es obviamente reducido en términos relativos, y seguirá siéndolo durante al menos dos décadas. Por la misma razón, hacen un uso muy inferior del sistema sanitario frente a los locales. Si ambulatorios y hospitales no dan abasto con la demanda puede ser por dos razones: falta de inversiones públicas y envejecimiento de la población nacida en España. Ninguna de esas dos razones tiene que ver con los extranjeros. 

La llegada de extranjeros en gran número supone de entrada un impacto nada desdeñable en el mercado de la vivienda. ¿Tendrán que vivir en algún sitio? Eso es un problema en los países donde el discurso político dominante ha decidido que el Estado no debe construir viviendas, una posición muy diferente a la que existió en Europa en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial.  En países donde la población no tiene acceso a una vivienda a precios razonables, la causa de ese problema puede ser la pasividad de los gobiernos ante esa carencia, y no el deseo de los inmigrantes, y de los nacidos en España, de comprarse una casa o de alquilarla. 

Otro mantra que se ha expandido contra la inmigración “Es que los españoles salían con contrato de trabajo”.  Tal juicio lo expresan muchos con una contundencia apabullante. Pero para emitirlo hay que estar informado en investigaciones científicas, no en tertulias de bar. Al respecto es muy interesante el libro  Mineros, sirvientas y militantes, editado por la Fundación Primero de Mayo y escrito por la historiadora Ana Fernández Asperilla,  que ha investigado las consecuencias de aquella primera oleada de emigrantes españoles a Bélgica.  Hubo un Acuerdo Hispano-belga de Emigración de 1956. Bélgica precisaba mineros con cierta urgencia y, además, mano de obra que aceptara unas condiciones de trabajo especialmente duras. Había firmado un acuerdo con Italia en los años 1947 y 1951 para importar trabajadores a sus minas de carbón. Sin embargo, las condiciones de trabajo y la alta siniestralidad (llegaron a perecer 800 italianos en el fondo de las minas en apenas 10 años) provocaron que Italia suspendiera el convenio. “Lo que no quiso el Gobierno de Italia para sus trabajadores, lo aceptó el Gobierno de Franco para los españoles”, sostiene Ana Fernández. El agregado laboral de España en Bruselas señalaba en un informe de 1 de enero de 1964: “La emigración clandestina española en Bélgica sigue aumentando de un modo alarmante, ya que un 60% al menos de nuestros compatriotas que llegan a este país viene al margen del Convenio”.La emigración irregular de españoles se generalizó. El acuerdo entre España y Bélgica fue el primero de una serie de tratados similares con Alemania, Suiza, Holanda o Francia.

El Instituto Español de Emigración (IEE) cifró en un millón de personas la emigración que entre 1959 y 1973 salió a Europa. Ana Fernández suma las cifras de irregulares y sus cálculos ascienden a dos millones, al incluir a quienes no formaban parte de esta ’emigración asistida’.

Quiero terminar con una reflexión que he enunciado al principio. Decía: “Por cómo percibimos y acogemos a los otros, a los diferentes, se puede medir nuestro grado de barbarie o de civilización”. Es el lenguaje  de la hospitalidad, que se practicó y teorizó, a lo largo de la historia y en muchas culturas, especialmente en las bañadas por el Mediterráneo. Repito el Mediterráneo conscientemente. Por ejemplo, en la cultura griega arcaica, donde la hospitalidad estaba institucionalizada. Una institución que daba prestigio y reconocimiento público, a quien la practicaba; y desprestigio a quien hacía caso omiso de ella. También hay otros ejemplos en el mundo judío o musulmán. En Europa, el único código de referencia para tratar con el otro, es el legal, el artefacto del derecho, que se pliega a determinas exigencias que no tienen nada que ver con la justicia y la dignidad. Leyes que se cambian según las necesidades, como, por ejemplo, una crisis económica, prolonga o difiere una restricción. La hospitalidad es otra cosa. Porque quizá haya una justicia que ignore la ley; como hay una ley que nada sabe de justicia.

Para Michael Walzer, la hipocresía es el grado mínimo de moralidad. Ahí, en ese casi subsuelo de la moral, está instalada la política inmigratoria europea. En las fronteras, Europa despliega una tanatopolítica, en la que la muerte del otro intentando llegar a la Tierra Prometida es justificable, pues la culpa no es nuestra. En las fronteras abiertas al comercio de bienes y armas, mueren las personas. La Europa barrera sigue su imperturbable carrera hacia un futuro de iniquidad.

Cándido Marquesán

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